Si queremos construir un espacio europeo de convivencia, es imprescindible la existencia de la solidaridad entre Estados para fomentar el desarrollo de los más empobrecidos. La mejor forma de gestionar esta solidaridad sería mediante una fiscalidad europea, que fuese realmente progresiva y sirviese para producir una redistribución de la riqueza en Europa. Es lógico que los países del norte sean reticentes a sostener el desarrollo del sur, pero deben ser conscientes de que los graves y crecientes desequilibrios entre las economías europeas no les beneficia en absoluto. Sólo con unos vecinos prósperos podrán seguir manteniendo su nivel de desarrollo.
Este mismo argumento sirve para defender la solidaridad fuera de las fronteras europeas. No podemos permitir que el Mediterráneo separe dos mundos tan desiguales. Algunos ven como una amenaza la presión migratoria en esta zona y pretenden atajarla con medidas represivas, en vez de ir al origen del problema. La UE debe comprometerse seriamente con el cumplimiento de los Objetivos del Milenio e ir mucho más allá, invirtiendo más fondos en ayuda a la cooperación y el desarrollo y desplegando una diplomacia que tenga como primeros objetivos la paz y la erradicación del hambre.
Pero además de atacar los problemas desde su raíz, Europa debe hacer una gestión solidaria del fenómeno de la inmigración. No se puede consentir que los Estados frontera luchen contra los inmigrantes como si fueran enemigos o criminales, pero tampoco se puede dejar a estos Estados toda la responsabilidad de asumir la presión migratoria. La inmigración, si se gestiona bien, es muy beneficiosa para el desarrollo económico de Europa, que sufre un intenso envejecimiento de su población. Pero es necesario que todos los Estados se comprometan a colaborar, asumiendo una distribución equitativa de la inmigración en todo el continente mediante su libre circulación y residencia.
También nuestro sistema financiero necesita un cambio radical basado en la solidaridad. Es incomprensible que el Tratado del Banco Central Europeo no permita prestar dinero a los Estados y en cambio, preste a bajos intereses a la banca privada para que ésta especule con la deuda pública de algunos Estados. Debemos exigir un cambio de esta norma para que el BCE pueda financiar a los Estados y así podamos reducir el gasto público dedicado al pago de intereses. Además, se deben cambiar los objetivos del BCE (actualmente el único es mantener la inflación de los precios) para que sus políticas busquen el mayor bienestar de la ciudadanía europea.
Por otro lado, no hay nada más insolidario que la evasión fiscal, por lo que la UE debe imponerse como una de sus prioridades la lucha contra los paraísos fiscales, prohibiendo que empresas europeas operen en estos países para evadir impuestos. España por sí sola no podrá hacer nada, pero la UE sí que tiene poder suficiente para acabar con estas prácticas.
Frente a las políticas de competitividad y rivalidad (sálvese quien pueda) yo apuesto por las políticas de colaboración y cooperación para afrontar juntos los grandes problemas a los que nos afrontamos. La solidaridad es un valor que debe impregnar todas las políticas de la UE dentro y fuera de nuestro territorio porque, además, es indispensable para formar una Europa del bienestar, democrática y sostenible.